La regulada del transporte público llevada adelante por Cetrapam, constituye un hecho punible penal, señaló César Martínez, apoderado de la Línea 18 Boquerón (rojo). “Con esto que realizaron (las reguladas sin aviso) se configura el sabotaje y la perturbación de un servicio público. Ellos son permisionarios que alquilan un recorrido, no son dueños. Y este es un servicio de carácter indispensable”, disparó el abogado de la empresa cuyo retiro de circulación es solicitado por Cetrapam por operar -a su criterio- de manera ilegal.
Al anunciar la medida y el propósito que es cobrar subsidio, el titular de la Cetrapam “está incurriendo en tres delitos; el sabotaje, la perturbación del servicio público y la extorsión a un organismo del Estado”, desglosó Martínez.
Comentó que los referentes de la empresa Boquerón estuvieron ayer en la Fiscalía General del Estado conversando con la titular de dicha entidad sobre la situación. “Al decir (Ruiz Díaz) lo que estaba haciendo, o sea, reguladas y que tuvo un impacto patente en toda el área metropolitana, deja de ser un representante de los transportistas y pasa a ser un cabecilla de los delincuentes”, enfatizó. Lo calificó como extorsionador.
Con relación a lo que concierne a la Línea 18 Boquerón, expresó que no existe deuda alguna con el Banco Nacional de Fomento. Admitió que sí existe una deuda con el IPS. “Son cuentas por contratos que no se dieron de baja, no porque no se esté pagando un servicio. Falta una actualización de datos”.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
