En 2014, el Congreso Nacional promulgó la Ley N° 5230 con la cual se estipuló el cobro electrónico para todo el sistema de transporte público. Pese a la claridad de la disposición, el sistema, que debería extenderse en todo el país, sigue sin funcionar en un 100% hasta la fecha. En el sector se critica el esquema y hasta lo llaman “una mentira, un fiasco”, ya que al parecer fue montado para favorecer a Cetrapam con el pago de millonarios subsidios.
Con el objetivo de conocer datos exactos de la oferta y demanda del en Paraguay, el Congreso Nacional promulgó en 2014 la Ley N° 5230 “que establece el cobro electrónico del pasaje del transporte público”. La idea era que, con la tecnología, se faciliten la lectura y comprensión de las informaciones, para la elaboración de políticas públicas del servicio del traslado masivo de personas.
En dicha ley, se estipuló que el billetaje debía funcionar en el lapso de dos años en las áreas metropolitanas del país y en cinco años, como plazo máximo, en todo el territorio nacional. Pero a 10 años de esa promulgación, sólo se aprecian quejas contra el sistema y la falta de control y de transparencia de la gestiones para la prestación, que sólo se tiene en Asunción y el Área Metropolitana. Además, se cuestiona al sector de los transportistas por acceder a información privilegiadia, generada con el cobro electrónico, pues son datos que inciden en el monto de subsidios que ellos reciben.
Es que se le habilitó al Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (), gremio que nuclea a la mayoría de las concesionarias del transporte público, como operador del billetaje. Esa determinación, que le permite a Cetrapam disponer de datos específicos sobre el negocio para brindarlos al Estado para recibir posteriormente los subsidios, tuvo origen en la reglamentación, vía decretos, según coinciden en explicar los especialistas del rubro.
Carlos de Pauli, quien fue representante de una de las compañías interesadas en ser operadora del billetaje electrónico en Paraguay, conversó con ABC y reiteró su denuncia de que el proceso de habilitación a operadoras no fue abierto ni tuvo reglas claras y transparentes. Aquel procedimiento estuvo a cargo del Viceministerio de Transporte (VMT), en ese entonces con a cargo de la institución.
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