El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala intentó de nuevo el pasado viernes derribar el triunfo del presidente electo, el académico Bernardo Arévalo de León, con nuevas acusaciones en su contra y también sobre el Tribunal Supremo Electoral.
Estas son las claves para entender el “intento de golpe de Estado”, como lo ha denominado la Organización de Estados Americanos (OEA), en Guatemala, donde Arévalo de León debe que ser investido el próximo 14 de enero de acuerdo con la ley.
Desde julio, tras el sorpresivo segundo lugar de Arévalo de León, la Fiscalía ha intentado con varios casos penales revertir el triunfo de Arévalo de León y ante sus pocos avances por dicho tramo, también ha emprendido una batalla penal en contra del Tribunal Supremo Electoral.
De acuerdo con expertos y analistas, ello obedece a que una investidura de Arévalo de León el 14 de enero sería el inicio de un régimen anticorrupción, que a su vez llevaría ante la Justicia por sobornos a docenas de funcionarios, exfuncionarios, empresarios, ministros, militares, diputados y expresidentes, además de la cúpula de la misma Fiscalía.
Pese a los intentos de la Fiscalía por anular las elecciones este viernes, el Tribunal Supremo Electoral indicó en rueda de prensa que los resultados de los comicios están sellados y acreditados.
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