Desde abril del año pasado, la Contraloría denunció ante la Fiscalía a 11 jefes comunales de la ANR y a 5 de la oposición por presuntos hechos punibles. Algunos ya fueron imputados y destituidos.
En el marco de las auditorías que viene practicando en diversos organismos y entidades del Estado la Contraloría General de la República, se detectó que varios municipios de los distintos puntos del país incurrieron en gruesas irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
De acuerdo con las denuncias elevadas desde abril del año pasado a la Fiscalía General del Estado, un total de 16 intendentes habrían ocasionado un perjuicio de G. 50.438.717.817 de los fondos provenientes de royalties y Fonacide.
La auditoría arrojó que hubo mala utilización de los citados recursos que fueron a parar en pagos irregulares en concepto de obras y, en algunos casos, fueron usados para gastos corrientes, como el pago de salarios.
Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía luego de que la Dirección de Auditoría Forense de la Contraloría, a cargo de Ricardo Rojas, detectó que existen méritos para formular las denuncias penales, por lo que profundizar la investigación ya quedó a cargo del Ministerio Público. Son 16 municipios los que están cuestionados tras estas auditorías, de los cuales 11 son administrados por intendentes colorados y 5 por opositores: tres liberales, uno del Unace y uno del Partido Democrático Progresista.
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