La Ley 6355 obliga a proveedores del Estado a presentar sus declaraciones juradas. Sin embargo, la aplicación de la norma se encuentra suspendida por la Corte. La “patria contratista” exige transparencia a los demás, pero ellos no la practican. Según algunos sectores de la sociedad y del periodismo, la publicación de las declaraciones juradas de […]
La Ley 6355 obliga a proveedores del Estado a presentar sus declaraciones juradas. Sin embargo, la aplicación de la norma se encuentra suspendida por la Corte. La “patria contratista” exige transparencia a los demás, pero ellos no la practican.
Según algunos sectores de la sociedad y del periodismo, la publicación de las declaraciones juradas de funcionarios públicos representa el inicio de una nueva era en la transparencia. Esto es una media verdad si tenemos en cuenta que la corrupción es, como dice el famoso dicho, un «tango que se baila de a dos», es decir algo que involucra a una inseparable pareja público-privada. Por lo tanto, es urgente exigir que los grandes proveedores del Estado rindan cuentas a la ciudadanía.
Teniendo en cuenta que las ganancias de estos proveedores provienen de inmensos recursos públicos, debería ser una obligación que los propietarios de dichas empresas presenten la trazabalidad de sus rentas, los comprobantes del pago de sus impuestos y la situación laboral de sus empleados.
La publicación de las declaraciones juradas puede ser un potente instrumento de lucha contra hechos de corrupción, siempre que abarque a toda la red público-privada que controla las compras públicas. Además el Estado debe tener más herramientas de control para neutralizar el uso empresarial de información privilegiada en todos los ámbitos: comerciales, financieros o productivos. Todo esto, sin mencionar el financiamiento político en el que grandes grupos económicos «invierte» casi sin control, como una apuesta más orientada a expectativas de siderales ganancias futuras.
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