En la lista de anecdóticos sucesos políticos de los últimos tiempos, un común denominador resuena en esos discursos, decisiones, actos administrativos, judiciales o legislativos contrarios a los principios democráticos que enarbola la Constitución, y se resume en la siguiente frase: “Y a mí, qué”. Es la muestra palpable del desprecio a las leyes, al bien común, a la transparencia y la rendición de cuentas en una sociedad democrática, a la supremacía de la Constitución y a la seguridad jurídica. El ejemplo más reciente es la resolución del intendente de Caapucú Gustavo Penayo (ANR – cartista) en la cual prohibió actividades alusivas a Halloween en entornos públicos y privados, alegando que las mismas son contrarias a los valores religiosos. Si las autoridades de Caapucú creen que pueden pisotear nuestra Carta Magna a sabiendas, y aún así continúan en su propósito, ¿de que serán capaces en las próximas elecciones municipales?
En la larga lista de anecdóticos sucesos políticos de los últimos tiempos, un común denominador resuena en esos discursos, decisiones, actos administrativos, judiciales o legislativos contrarios a los principios democráticos que enarbola la Constitución Nacional, y se resume en la siguiente frase: “¿Y a mí qué?”.
El “a mí qué” es la muestra palpable del desprecio a las leyes, al bien común, a la transparencia y la rendición de cuentas en una sociedad democrática, a la supremacía de la Constitución Nacional y a la seguridad jurídica. El ejemplo más reciente es la resolución del intendente de Caapucú, Gustavo Penayo (ANR – cartista) en la cual prohibió la realización de fiestas y actividades alusivas a Halloween en entornos públicos y privados, alegando que las mismas son contrarias a los valores religiosos.
Al ser consultado por su temeraria resolución, el intendente afirmó que, si la Policía Nacional no hace cumplir la prohibición, él mismo, junto con un grupo de religiosos, saldrá a las calles “con garrote en mano”. Esta decisión, que vulnera libertades fundamentales consagradas en la Constitución Nacional, como la libertad de expresión y la libertad religiosa e ideológica, fue avalada por la presidenta de la Junta Municipal de Caapucú, Lidia Téllez (ANR – cartista), quien reconoció que la decisión del intendente VIOLA LA CONSTITUCIÓN, pero aun así, “el intendente tiene la potestad”. Es...
Si las autoridades locales de Caapucú creen que tienen la potestad de pisotear nuestra Carta Magna a sabiendas, y aún así continúan en su propósito, ¿de que serán capaces en las próximas elecciones municipales? ¿Será que también saldrán a las calles con cachiporras para reprimir a opositores? Para luego decir: “Y a mí qué”.
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