ASUNCIÓN.- La posible pérdida de investidura a la que sería sometido el liberal Dionisio Amarilla en el Senado, hace que algunos juristas reaccionen ante lo fácil que resulta destituir a un legislador. El exministro de la Corte Luis Lezcano Claude volvió a plantear que las cámaras no deben ser jueces de sus miembros, sino el …
ASUNCIÓN.- La posible pérdida de investidura a la que sería sometido el liberal Dionisio Amarilla en el Senado, hace que algunos juristas reaccionen ante lo fácil que resulta destituir a un legislador. El exministro de la Corte Luis Lezcano Claude volvió a plantear que las cámaras no deben ser jueces de sus miembros, sino el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es el que los proclama. Esto se planteó en proyecto que fue atacado por pretender el “autoblindaje” por lo que fue eliminado.
Jamás una disposición constitucional tuvo tantas complicaciones para ser reglamentada como la pérdida de investidura prevista en el artículo 201 de la Carta Magna.
Durante los 28 años de la vigencia de la Constitución, nadie había prestado atención a esta disposición, hasta que en diciembre de 2017 a alguien se le ocurrió mencionarla y, como no estaba reglamentada, rápidamente y con mayoría simple se destituyó del Senado al colorado Óscar González Daher.
Entonces se inició el engorroso proceso de reglamentación de la pérdida de investidura, y, si bien el año pasado se logró que la norma fuera sancionada y promulgada, las críticas de los medios y la ciudadanía hicieron que, finalmente y sin haber sido aplicada nunca, fuera derogada. Lo que se cuestionaba de esto era que, en primer lugar se establecía una mayoría absoluta para que un senador o diputado sea echado de su cámara, y que haya sentencia judicial previa.
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