La polarización política y las denuncias de fraude electoral amenazan con una profundización del autoritarismo del Gobierno de Nicolás Maduro.
Jorge Daniel Codas Thompson Analista de política internacional
Cuando en la madrugada del 29 de julio pasado el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, controlado por Nicolás Maduro, anunció con varias horas de retraso que el gobernante había obtenido un tercer mandato, una coreografía de discursos de victoria y fuegos artificiales ya había comenzado a inundar el país. Los aparentes seguidores de Maduro, sin mucho entusiasmo ante las cámaras, participaron de la celebración.
Los canales de televisión venezolanos, totalmente controlados por el oficialismo, coparon las pantallas con las imágenes del supuesto triunfo. Si bien el régimen de Maduro ha sufrido significativas pérdidas de seguidores, aún conserva la capacidad de movilizar a una parte de los antiguos seguidores de Hugo Chávez, así como a los funcionarios públicos. Sin embargo, la limitada movilización oficialista estuvo en notable contraste con las masivas escenas de protesta de la oposición difundidas por los medios internacionales presentes en Venezuela.
Dado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó los resultados sin que se haya dado espacio a los testigos (así llaman a los fiscales electorales en Venezuela) para participar del conteo de votos y verificación de las actas, y proclamó la “contundente e irremontable” victoria de Maduro sobre el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, con supuestamente el 80% de las actas contabilizadas, la oposición comenzó a movilizarse en dos sentidos.
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