La trampa legal que estableció el sistema político y jurídico para apañar la corrupción se reveló con el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este. Para que el Congreso pueda resolver, la Constitución exige un dictamen previo de la Contraloría, pero esta no podía auditar al Municipio ni a un centenar de instituciones públicas porque se lo impedía una acción de inconstitucionalidad avalada por la Corte Suprema de Justicia. Era una perversa manera de impedir la transparencia. Ante la presión, ayer la Corte emitió un comunicado, asegurando que la Contraloría sí puede auditar al Municipio de CDE, a pesar de que en la práctica no se lo permitían. Es urgente romper este sistema legal que solo favorece al robo del dinero público.
La complicidad con la corrupción también tiene un esquema legal y se ha puesto nuevamente en evidencia en estos días, en torno al polémico pedido de intervención a la administración municipal de Ciudad de Este, a cargo de la intendenta Sandra McLeod y de los miembros del llamado Clan Zacarías, quienes manejan el poder regional en el Alto Paraná desde hace dos décadas y actualmente se hallan investigados por el Ministerio Público por enriquecimiento ilícito en la función pública, asociación criminal y lavado de dinero.
Accediendo al reclamo de la ciudadanía, la Junta Municipal resolvió pedir la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este. La solicitud fue remitida al Ministerio del Interior y luego al Poder Legislativo, que tras mucha dilación formó una comisión especial para resolver este caso y el de otros municipios. Sin embargo, el proceso se encontró ante una trampa legal, ya que la Constitución Nacional plantea que para que el Congreso decida sobre la intervención debe contar previamente con un dictamen de la Contraloría General de la República, pero a la misma no se le permitía auditar a...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
