Urge auditar juzgados de CDE sobre expedición de habeas corpus preventivos a delincuentes - La Clave

Urge auditar juzgados de CDE sobre expedición de habeas corpus preventivos a delincuentes - La Clave

Abogados de la zona indicaron que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Superintendencia de la Corte Suprema deberían auditar de manera urgente todos los juzgados en Ciudad del Este, ante fundadas...

Abogados de la zona indicaron que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Superintendencia de la Corte Suprema deberían auditar de manera urgente todos los juzgados en Ciudad del Este, ante fundadas sospechas de que son varios los jueces que habrían concedido resoluciones de habeas corpus preventivos a personas que se identifican presuntamente como empresarios, sin embargo, están vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. El caso estalló luego de conocerse que el capo narco Lindomar Reges Furtado y su pareja Gladys Duarte, quienes la semana pasada se fugaron de manera...

El habeas corpus es uno de los institutos más importantes y preciados de una sociedad libre, creado para proteger al ciudadano de los abusos del poder público. Sin embargo, aquí en el Paraguay se lo usa para proteger a delincuentes. Dice el artículo 133 de la Constitución Nacional que esta garantía podrá ser interpuesta por “toda persona, en trance inminente de ser privada ilegalmente de su libertad física”, por la que se “podrá recabar el examen de la legitimidad de las circunstancias que, a criterio del afectado, amenacen su libertad, así como una orden de cesación de dichas restricciones”.

El habeas corpus es un remedio indudable para acosos policiales y otras formas de abuso del poder público, pero para serlo debe producir una orden de cesación de actividades remitida a la Comandancia de la Policía, cosa que hasta el momento no se ha dado a conocer, ni en el caso de Lindomar ni en el caso de su pareja.

Pero, además, el remedio a la extorsión no es el hábeas corpus, sino la denuncia penal ante el Ministerio Público. Tomado conocimiento fehaciente de la comisión de un hecho punible, los funcionarios públicos están obligados a denunciarlo. No está a su discreción no hacerlo. Un juez está obligado a conocer la ley, las medidas legales, sus alcances, sus límites, sus marcos de aplicación y no puede remediar la comisión de delitos con el uso particularizado de garantías constitucionales.

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