El Consejo Nacional de Educación (Cones) ha cerrado varias instituciones universitarias y clausuró decenas de carreras. Al mismo tiempo, el Cones pidió al Ministerio de Educación y Ciencias que suspenda los registros de los títulos expedidos por las carreras de grado y de posgrado afectadas. A estas atinadas medidas deben seguir otras en igual sentido para ir depurando la educación terciaria, tan degradada por la Ley 2529/04, promovida por el exsenador Juan Manuel Marcos, rector de una universidad privada, que permitió al Congreso crear universidades e institutos superiores sin atender el dictamen del Consejo de Universidades, pero sí el interés de varios legisladores comerciantes que se volcaron con fruición al rentable negocio de vender títulos universitarios, sin interesarse en absoluto por la calidad educativa. No debe sorprender, entonces, que el presidente del Cones, Hildegardo González, haya denunciado presiones políticas para impedir el saneamiento del sector, ni que la Corte Suprema haya otorgado una medida cautelar para que se siga “enseñando” nada menos que medicina en seis universidades de “garaje”. El Paraguay no debe seguir teniendo universidades que son una verdadera tomadura de pelo y un insulto a la razón. Quienes estafaron a tantos jóvenes deben ir a parar a la cárcel.
En lo que va del año, el Consejo Nacional de Educación (Cones) cerró el Instituto Superior Latinoamericano, 15 filiales del Interregional, así como 32 filiales de la Universidad Autónoma del Sur (Unasur). También clausuró 56 carreras de ciencias de la salud (Medicina, Enfermería, Obstetricia, Radiología. Nutrición, Fisiología y Farmacia) de diversas entidades “educativas”, entre las que figura la Universidad Privada del Guairá, que cuenta con nada menos que 82 filiales. No es casual que tantas carreras clausuradas tengan que ver con la salud, pues las cuotas percibidas por cursarlas son las...
A esas atinadas medidas deben seguir otras en igual sentido para ir depurando la educación terciaria, tan degradada por la Ley N° 2529/04, promovida por el exsenador Juan Manuel Marcos, rector de una universidad privada, que permitió al Congreso crear universidades e institutos superiores sin atender el dictamen del Consejo de Universidades, pero sí el interés de varios legisladores comerciantes que se volcaron con fruición al muy rentable negocio de vender títulos universitarios, sin interesarse en absoluto por la calidad educativa. Intervinieron en esas gestiones, mediante testaferros o...
No debe sorprender, entonces, que el presidente del Cones, Hildegardo González, haya denunciado presiones políticas para impedir el saneamiento del sector, ni que la Corte Suprema de Justicia, irresponsablemente, haya otorgado una medida cautelar para que se siga “enseñando” nada menos que medicina en seis universidades de “garaje”.
A la ciudadanía y al Ministerio Público les interesaría saber quiénes son esos políticos que intentan cometer el delito de tráfico de influencias para que ellos mismos o sus compinches sigan ganando mucho dinero a costa del interés general de que los profesionales universitarios estén bien formados para precautelar la vida, la libertad o los bienes de quienes recurran a sus servicios.
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