Una vez más, la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), se ve envuelta en un llamativo caso en el que, a través de maniobras administrativas, decisiones impopulares e interpretaciones jurídicas a conveniencia, vía resolución del Consejo Superior Universitario (CSU), buscan marginar a estudiantes, quienes se hallan actualmente beneficiados con becas o ayudas económicas gubernamentales, reporta el […]
Una vez más, la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA), se ve envuelta en un llamativo caso en el que, a través de maniobras administrativas, decisiones impopulares e interpretaciones jurídicas a conveniencia, vía resolución del Consejo Superior Universitario (CSU), buscan marginar a estudiantes, quienes se hallan actualmente beneficiados con becas o ayudas económicas gubernamentales, reporta el portal Oviedopress.
Es así que, la resolución del CSU dispone que la Ley 6628/2020 de Arancel Cero, colisiona supuestamente con la Ley 4734 de Becas, dado que, según la sesgada interpretación de los miembros de este órgano universitario, integrado por 20 miembros, todo becario (de Itaipú, Gobernación, MEC u otra entidad) no puede beneficiarse con la nueva Ley, por lo que, deberán quedar al margen de ese beneficio y tener que, a través de las ayudas económicas que recién por parte de esas entidades, tener que costearse las matriculas, derechos de examen y demás aranceles.
Según el vicerrector de la UNCA, Ulises Villasanti, de los 20 consejeros superiores univesritarios, 17 votaron a favor de la resolución; desde el rector, vicerrector, decanos, representantes docentes, representantes egresados no docentes, y 3 votos en contra, los del estamento de representación estudiantil.
De acuerdo a las argumentaciones brindadas por Villasanti, la falta de desembolso o transferencia gubernamental, desde el Ministerio de Hacienda, de los fondos de gratuidad universitaria, es la que motivó la “interpretación interna” de la UNCA, no encontrando mejor salida que, la de cercenar el legítimo derecho de los estudiantes becados con ayudas económicas, dado que esto, supone una doble asignación estatal, según dictamen de asesoría jurídica, a cargo del abogado Antonio Cardozo y el decano de la Facultad de Ciencias y Políticas, Luis Rodas.
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