Ante los malos resultados de la reforma educativa de los 90’s, la actual clase política tiene la brillante oportunidad de propiciar cambios fundamentales en el sector, para cual es necesaria una nueva e ineludible agenda.
Una frase que explica con gran claridad la actual coyuntura del sistema educativo nacional es aquella que reza: “Nos encontramos en un momento donde tenemos en el aula a los futuros ciudadanos del Siglo XXI, mientras enseñamos con metodologías del Siglo XX, y -lo peor- con capacidades y mecanismos de instituciones del Siglo XIX”.
Hoy día nadie, mínimamente informado, puede sostener que el estado en que se encuentra el sistema educativo nacional sea el apropiado para generar ciudadanos que el día de mañana estén en condiciones de competir (ni siquiera hablamos de los países desarrollados), sino solo en el continente sudamericano.
Tenemos un sistema educativo que interpela, en el mejor de los casos, estancado, no solamente por la falta de respuesta a nuevas demandas de una sociedad que avanza vertiginosamente, sino -sobre todo- por las deudas históricas de inclusión y equidad para con amplios sectores de la población.
La magnitud de los cambios requeridos (que no se van a poder ver en un solo periodo de gobierno ) para lograr una educación equitativa y de “buena calidad” para todos, desde el inicio y a lo largo de la vida, demanda la mayor transformación de nuestra historia en democracia.
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