Por Edgar Emilio Servín* @ServinCoronel “Lo grave es que los sucesivos gobiernos paraguayos no terminaron de comprender, que la intervención militar modificó todo el escenario político en el manejo de la seguridad interna”. Me gusta decir las cosas tal y como son. La intervención militar modificó todo el escenario político en el manejo de la […]
“Lo grave es que los sucesivos gobiernos paraguayos no terminaron de comprender, que la intervención militar modificó todo el escenario político en el manejo de la seguridad interna”.
Me gusta decir las cosas tal y como son. La intervención militar modificó todo el escenario político en el manejo de la seguridad interna. Para fundar ello me remonto a aquellos días de agosto de 2013 cuando finalizaron los estudios que promulgaron la Ley Nº 5036/13 que permite el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en los Departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay.
La primera pregunta que me hice en aquel tiempo fue “¿Quién administrará desde la gestión política el empleo de dichas fuerzas?”. Hay que entender que es obligación del Estado, dotar de eficacia y precisión a la fuerza militar desplegada dentro del espacio interno. Es que, en el conflicto que nos ocupa, siempre o casi siempre, las bandas criminales organizadas suelen ser más dinámicas y tener la iniciativa antes que nuestros propios órganos de defensa y de seguridad.
En estas materias, la doctrina occidental contemporánea – hasta hoy – no encontró una mejor manera de unificar los planes, programas, proyectos y objetivos de dichas fuerzas, sino por medio del método que en Norteamérica se la denomina GAO (General Accountability Office), en donde éstas rinden cuenta de sus actos a la expresión política en base a objetivos previamente cuantificados y definidos.
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