Frente al crimen organizado no podemos seguir inertes, con soluciones fraccionadas por lugares particulares de trabajo o con miradas aisladas. El crimen organizado carcome la democracia, nos debilita emocionalmente cómo sociedad y sobre todo hace temblar las estructuras formales en la que depositamos la fe pública en la justicia.
Encarar esto nos necesita doblemente comprometidos. Cómo lo gritaba en un poema Berton Bretch y en otros términos en la situación actual: primero vinieron por periodistas pero nadie hizo nada porque no era periodista, luego fueron por políticos, abogados, trabajadoras del hogar, defensores de derechos humanos y ahora, fiscales. Sí, hacedores de justicia. ¿Quiénes son los siguientes? ¿Estamos dispuestos a descubrirlo tarde y dejarnos hundir?
Cómo un primer disparador planteo, de forma sincera y abierta, que pensemos en una especie de gran plataforma social por el Estado Social de Derecho, que desnude todas las deficiencias estructurales, puntualizadas, sean de solución mediata o inmediata. Abramos el diálogo e interpelemos a todos los actores del Estado, a todas las oficinas. Que nos den respuestas y se sientan presionados por una ruta de trabajo multisectorial.
Por ejemplo, compañeros y compañeras periodistas, es necesario aunar esfuerzos por profundizar el periodismo de investigación. Esto significa tecnificar más los procesos, disponer de recursos, más trabajadores y menos precarización. Implica una Ley de protección a periodistas, defensores y defensoras de Derechos Humanos, que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso.
Los partidos políticos, cómo instituciones puente de la participación democrática deben frenar el influjo del crimen organizado en sus estructuras. El saneamiento institucional es urgente ya que años de degradación han llevado a niveles críticos de aceptación su legitimidad cómo estructuras transformadoras de la sociedad.
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