El Tribunal de Sentencia resolvió, por mayoría de votos, rechazar el pedido de revisión de medida cautelar solicitado por la defensa de Aldo Styven Pereira Saucedo, acusado en la causa por coacción sexual y violación en el Parque Guasú, manteniendo vigente la prisión preventiva que cumple en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. La solicitud fue […]
El Tribunal de Sentencia resolvió, por mayoría de votos, rechazar el pedido de revisión de medida cautelar solicitado por la defensa de Aldo Styven Pereira Saucedo, acusado en la causa por coacción sexual y violación en el Parque Guasú, manteniendo vigente la prisión preventiva que cumple en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
La solicitud fue presentada el 17 de diciembre del 2025 por la abogada Raquel Talavera, quien pidió la sustitución de la prisión preventiva por medidas menos gravosas, argumentando que su defendido llevaba más de un año privado de libertad y que contaba con arraigo suficiente, domicilio fijo y conducta procesal adecuada. La defensa invocó principios constitucionales y procesales, señalando que la prisión preventiva debía ser excepcional y proporcional.
Al analizar el planteamiento, la mayoría del Tribunal, integrada por las camaristas Cándida Fleitas y Laura Ocampo, consideró que no se verificaron hechos nuevos ni circunstancias sobrevinientes que modificaran las razones que motivaron la imposición de la medida cautelar. Los camaristas señalaron que la prisión preventiva sigue siendo necesaria para asegurar los fines del proceso, al persistir los riesgos procesales previstos en los artículos 243 y 244 del Código Procesal Penal (CPP), vinculados al peligro de fuga y de obstrucción de la investigación.
El voto mayoritario destacó además la gravedad de los hechos atribuidos, recordando que inicialmente la causa fue elevada a juicio oral por coacción sexual y violación y que posteriormente se incorporó también el hecho punible de robo, lo que refuerza la expectativa de una pena elevada. En ese contexto, el Tribunal entendió que la sustitución de la prisión preventiva resultaba improcedente y que los documentos presentados por la defensa no eran suficientes para desvirtuar los presupuestos legales que justifican la medida.
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