El Tribunal de Sentencia Especializado, compuesto por los jueces Elsa García, Matías Garcete y Ana Rodríguez, resolvió mantener la medida cautelar que prohíbe al intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno Mazacote, acercarse a la sede de la Municipalidad a menos de 500 metros, en el marco de la causa por lesión de confianza y administración […]
El Tribunal de Sentencia Especializado, compuesto por los jueces Elsa García, Matías Garcete y Ana Rodríguez, resolvió mantener la medida cautelar que prohíbe al intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno Mazacote, acercarse a la sede de la Municipalidad a menos de 500 metros, en el marco de la causa por lesión de confianza y administración en provecho propio, relacionados con el presunto uso indebido de fondos públicos para la compra de un vehículo particular.
La defensa del intendente Hilario Adorno Mazacote, integrada por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos y Víctor Dante Gulino, solicitó la revisión de la medida que prohíbe al jefe comunal acercarse a la sede de la Municipalidad de Puerto Casado. Según los defensores, esta prohibición impide a su representado ejercer plenamente sus funciones como intendente, ya que necesita acceder a diversas dependencias municipales para obtener información esencial para su labor.
Los abogados señalaron que áreas como la Dirección de Catastro, la Dirección de Tránsito, la Mesa de Entrada y la Secretaría General, entre otras, contienen datos fundamentales para la toma de decisiones administrativas. Adorno, al estar restringido de ingresar al edificio, se ve impedido de acceder a documentos clave relacionados con disposiciones municipales, habilitación de locales comerciales y gestión de tránsito, lo que, según la defensa, afecta directamente su capacidad de gestión.
Además, argumentaron que esta medida no cuestiona la condición de Adorno como intendente, un cargo obtenido por votación popular, y subrayaron que la prohibición viola derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, como el derecho al trabajo y la igualdad ante la ley. Para la defensa, la medida cautelar debería ser sustituida por la prohibición de comunicarse con los testigos y denunciantes involucrados en el caso, quienes son concejales municipales, ya que no existe subordinación jerárquica entre ellos y el intendente.
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