El Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, integrado por Bibiana Benítez, Gustavo Ocampos y José Agustín Fernández, declaró inhibida a la jueza Alicia Pedrozo y la causa irá a otro juzgado Penal de Garantías para realizar la audiencia preliminar del ex ministro del Interior, Rafael Filizzola, acusado por lesión de confianza en la […]
El Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, integrado por Bibiana Benítez, Gustavo Ocampos y José Agustín Fernández, declaró inhibida a la jueza Alicia Pedrozo y la causa irá a otro juzgado Penal de Garantías para realizar la audiencia preliminar del ex ministro del Interior, Rafael Filizzola, acusado por lesión de confianza en la famosa causa denominada “comisarías”.
“Es la fiscal Natalia Fuster quien recusa a la magistrada alegando que la misma ya ha intervenido en la presente causa y tiene una opinión formada en cuanto al objeto de debate. Es así que, al elevar el informe, la jueza sostiene compartir plenamente las causales aducidas por la recusante y, en consecuencia, siguiendo el trámite previsto en el artículo 345 del Código Procesal Penal:” Promovida la recusación se pedirá informe al juez recusado, quien contestará en veinticuatro horas. Si el recusado se allana, se lo declarará inhibido del conocimiento del procedimiento…”, corresponde, sin más...
El 13 de julio pasado, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, integrado por Gustavo Ocampos, José Agustín Fernández y Bibiana Benítez, revocó parcialmente la resolución de la jueza Penal de Garantías Alicia Pedrozo quien resolvió la prescripción del conocido caso de las comisarías y solo para el exministro del Interior Rafael Filizzola, ya que este habría planteado recursos dilatorios.
Los fiscales Néstor Coronel y Natalia Fuster presentaron la apelación correspondiente ya que se agravian por la inobservancia de la ley en la que incurre la magistrada, que en este caso particular, consiste en el alcance de preceptos legales que guardan relación con el análisis de las circunstancias objetivamente insuperables que operan como los actos suspensivos de la prescripción, como las distintas dilaciones producidas consecuencia del ejercicio abusivo del derecho a la defensa, que son consideradas como causales de suspensión de la prescripción penal.
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