Más allá de preferencias políticas, el gobierno de Santiago Peña había despertado altas expectativas en la población. Proviniendo él mismo y varios exponentes de su gabinete de lo que se consideraba una joven tecnocracia de funcionarios de carrera formados o especializados en importantes universidades del exterior, y habiendo tenido experiencia práctica personal en el complejo manejo de las finanzas públicas como exministro de Hacienda, se suponía que les daría un impulso contundente a los cambios estructurales que necesita el país para catapultar su desarrollo y aplacar los riesgos que se ciernen sobre la economía y sobre la República. Ya ha transcurrido un tercio de su mandato y su gestión es tristemente decepcionante.
Los grandes desafíos que enfrenta el Paraguay son conocidos y, si no unanimidad, hay sí una amplia coincidencia entre analistas, sectores informados, agentes económicos e inversores sobre cuáles son y qué hay que hacer al respecto, en línea con recomendaciones de organismos multilaterales y calificadoras de riesgo internacionales. Entre los más relevantes figuran la reforma del Estado, para minimizar la corrupción y mejorar la calidad del gasto público; la desactivación de la bomba de tiempo de la seguridad social, tanto pública como privada; el restablecimiento del equilibrio...
En ninguno de estos campos se han producido avances importantes en más de un año y medio que lleva esta administración y, al contrario, se han visto inquietantes retrocesos en algunas áreas sumamente sensibles, como en el prebendarismo, el nepotismo, el indisimulable favoritismo hacia ciertos grupos en los negocios con el Estado y la supervisión del sistema financiero.
Al principio parecía que el Gobierno tendría el ímpetu requerido, pero pronto se desinfló. Presentó dos proyectos de ley relativos a la reforma del Estado, el de reorganización administrativa y el de la carrera civil, pero permitió que los desnaturalizasen completamente en el Congreso, a pesar de tener mayoría, al punto de que ni el primero le permite fusionar entes para evitar superposiciones, como pretendidamente era el objetivo, ni el segundo universalizar las reglas para el acceso y las promociones en la función pública, entre otras razones, porque se excluyen a amplios segmentos de la...
El Gobierno también presentó y obtuvo la aprobación de un proyecto de ley que crea una Superintendencia de Pensiones para la supervisión de los sistemas jubilatorios, incluyendo el Instituto de Previsión Social, pero ha pasado más de un año y sigue sin aplicarse. En cuanto a las pensiones del sector público, no ha habido ninguna iniciativa concreta, pese a que el déficit galopante de la Caja Fiscal se duplica año a año en progresión geométrica y se devora cada vez más dinero de los contribuyentes que tendría que ser utilizado en contraprestaciones a la ciudadanía.
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