Ciertamente existen “observaciones” internacionales orientadas a perfeccionar el amparo ideal de los bienes jurídicos. En tal sentido resulta significativa la eficacia gnoseológica de las fuentes legales, tal como ocupa la valoración del “protocolo” contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
Bajo dicho paradigma, algunos países han potenciado la penalización del tráfico ilícito de migrantes, con una prospectiva inmediata para su adecuación precisa dentro del marco legal del lavado de activos, puesto que se acentúa la vinculación directa con los activos de origen ilícito que buscan ser introducidos al sistema legal financiero.
Dicho lo anterior, destaca entre las previsiones de la Ley N° 3533/08 “Que aprueba el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional”, el singular (parámetro) sobre la prevención y el combate eficaz del tráfico ilícito de migrantes, acompañado de la cooperación, el intercambio de información y la adopción de otras medidas apropiadas, incluidas las de índole socioeconómica.
A su vez, señalamos que el protocolo exhorta a la judicialización y penalización de aquellos (agentes) que ofrecen este tipo de servicios ilícitos. Por otro lado, indicamos que esta clase de ilícitos no solo pueden ser utilizados con una finalidad única de realizar la migración de personas, sino que también debe contemplarse la posibilidad de que este tipo de injusto resulta utilizable con un interés de capitalizar el terrorismo.
Desde una ponderación nacional, logramos razonar sobre un vértice (ontológico) en cuanto a la promoción técnica-jurídica para la correspondiente lucha contra el lavado de activos (LA) y la financiación del terrorismo (FT). Pues, las evaluaciones de cumplimiento bajo estándares del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), a través de la Recomendación 3 (tipificación del lavado de activos) y otros patrones relacionados, entablan un justiprecio por la sociedad de riesgo.
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