La Corte Suprema de Justicia, en conversación el Ministerio Público, trabaja en unificar una reglamentación para llevar a cabo procesos alternativos a las personas que violaron la cuarentena sanitaria. Señaló que hay maneras de resarcir el daño a la sociedad sin que sean necesariamente una condena punitiva.
Hasta el momento ya son casi 3.000 las personas imputadas por el Ministerio Público por violación de la cuarentena sanitaria decretada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para prevenir la expansión del COVID-19. Respecto a cómo se van a llevar a cabo esa cantidad de procesos, habló en entrevista con ABC la ministra de la Corte Suprema de Justicia Carolina Llanes.
La magistrada dijo que en conversaciones con la Fiscalía General del Estado en la acordada de la máxima instancia judicial ya aprobaron un plan de depuración de causas penales ingresadas durante la cuarentena, “teniendo en cuenta que el marco penal vigente de que el sistema penal puede dar diversas respuestas a la criminalidad, digo en manera genérica”, expresó.
“Yo estoy convencida de que entre estas 3.000 personas la mayoría son ciudadanos comunes que no tuvieron intenciones de delinquir, pero ante una situación de emergencia difícil de actuar, infringieron algunas reglas penales que generaron esos procesos y el sistema penal genera varias respuestas que no necesariamente tienen que ser punitivas, porque la respuesta del castigo es la última ratio, dicen los penalistas del sistema. Eso es un proceso largo que requiere de un juicio oral”, agregó.
Explicó que como alternativa existe un proceso corto que se puede dar a partir de un requerimiento fiscal. “Porque es el Ministerio Público el que puede decir: ‘imputo y sigo hasta la última consecuencias’ o 'dejo cesante la acción penal y pido un criterio de oportunidad y solicito la imposición de un resarcimiento social del daño, por ejemplo”, explicó.
Leer la nota completa en Diario ABC
