Desde la organización Tierraviva, dedicada a la defensa y promoción de los derechos de pueblos indígenas, expresaron preocupación ante la decisión del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) de cerrar su oficina central y reemplazarla por tres oficinas regionales.
“Esta medida constituye una grave violación a los derechos de los Pueblos Indígenas, consagrados en normas nacionales e internacionales. Lejos de fortalecer la institucionalidad pública para responder a las necesidades históricas de los Pueblos Indígenas, esta decisión representa un desmantelamiento de la política indígena del Estado paraguayo”, señalaron desde la organización Tierraviva.
Asimismo, indicaron que “con la disolución fáctica del INDI como ente rector, se elimina toda posibilidad de desarrollar políticas públicas interculturales y participativas, reduciendo aún más la ya debilitada acción estatal, sin siquiera alcanzar un nivel básico de asistencia social”.
Entre tanto, recalcaron que este acto, impuesto de forma unilateral, contraviene de manera directa el derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Paraguay, así como lo dispuesto en la Constitución Nacional y las leyes vigentes.
“Es particularmente grave la violación del artículo 29 de la Ley 904/81 ‘Estatuto de las Comunidades Indígenas’, que establece que el INDI debe tener domicilio legal en Asunción, asegurando así un acceso equitativo y centralizado a sus funciones administrativas y de representación”, expresaron.
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