El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, presentó el primer informe sistematizado de causas ambientales tramitadas entre los años 2019 y 2024, revelando cifras inquietantes sobre la efectividad de la justicia penal en materia ambiental. La presentación, basada en datos recopilados por la Dirección de Derecho Ambiental, evidenció una alarmante falta de […]
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, presentó el primer informe sistematizado de causas ambientales tramitadas entre los años 2019 y 2024, revelando cifras inquietantes sobre la efectividad de la justicia penal en materia ambiental. La presentación, basada en datos recopilados por la Dirección de Derecho Ambiental, evidenció una alarmante falta de condenas, medidas restaurativas y criterios ecológicos en las decisiones judiciales.
De las 3.943 causas penales ambientales verificadas en todo el país, apenas 1% terminó en condena, mientras que el 84% de las medidas impuestas a los imputados carecieron de criterio ambiental. Los datos abarcan expedientes tramitados en 17 circunscripciones judiciales, incluyendo Capital, Alto Paraná, San Pedro, Misiones y Boquerón, entre otras. “El informe expone que el 50% de los casos están relacionados con violación de veda pesquera y cuarentena sanitaria, seguido por incumplimiento de medidas de mitigación (9%) y tala o quema de bosques (5%)”, detalló Ríos.
En cuanto a la resolución de los casos, se observa un 31% resuelto mediante criterio de oportunidad, 19% con suspensión condicional del procedimiento, mientras que sólo el 1% culminó en condena. Para el ministro Ríos, esto es alarmante. “No soy punitivista, pero llama la atención. En delitos comunes la tasa de condena es mucho mayor. Aquí se afecta el derecho al medioambiente y la respuesta penal es mínima.”
Uno de los datos más llamativos es que, pese a tratarse de delitos ambientales, la mayoría de las sanciones impuestas no guardan relación con la reparación del daño ecológico. “En el 84% de las causas no se aplicó ningún criterio ambiental. En muchos casos, las sanciones consistieron en donaciones a hospitales o entidades benéficas. Sólo el 1% de las medidas implicó recomposición ambiental”, advirtió Ríos.
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