Antes de la reforma del 2003, el funcionamiento de la Caja Fiscal respondía a parámetros que habían conducido al sistema a una situación de creciente inviabilidad. La retención de aportes no se realizaba sobre la totalidad de las remuneraciones percibidas por los funcionarios, el cálculo del beneficio jubilatorio consideraba únicamente el último salario y la tasa de sustitución alcanzaba 90% en todos los sectores, sin distinciones. Este diseño generaba una relación desproporcionada entre aportes y prestaciones que, para ese año, llevó el déficit operacional, entendido como la diferencia entre contribuciones y gastos anuales, a 1,5% del PIB, conforme a datos y estudios oficiales.
La sanción de la Ley N° 2345/03 “De reforma y sostenibilidad de la Caja Fiscal” introdujo cambios orientados a ordenar ese esquema. Se establecieron seis sectores contributivos distribuidos entre el programa civil y el no civil, se incrementó la tasa de aporte del 14% al 16% y se dispuso la retención de aportes sobre todos los objetos de gastos remunerativos, incluidos salario base, horas extraordinarias, gastos de representación y bonificaciones. Asimismo, se definió una jubilación ordinaria para los funcionarios de la Administración Pública a partir de los 62 años y con un mínimo de años...
Otro aspecto central fue la ampliación del salario base utilizado para el cálculo del haber jubilatorio, que pasó a definirse como el promedio de las remuneraciones de los últimos cinco años de servicio en lugar del último sueldo. Se unificaron los porcentajes para la determinación de la pensión entre los distintos sectores y se estableció que la actualización de los haberes jubilatorios se realizara de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), dejando de lado los incrementos salariales del sector público como referencia.
Evaluaciones del entonces Ministerio de Hacienda mostraron impactos relevantes tras la reforma. El déficit actuarial se había reducido del 90% del PIB previo a la reforma al 45% del PIB luego de su implementación, con un 38% correspondiente a los planes contributivos. Se proyectó equilibrio en un horizonte de 60 años para los sectores de empleados públicos, docentes universitarios y magistrados judiciales. No obstante, continuaron presentando déficits el magisterio nacional, con 13,2%, las Fuerzas Armadas, con 12,7%, y la Policía Nacional, con 9,7%.
La aparición de nuevos regímenes jubilatorios, con posterioridad a la reforma, terminó por complejizar la estructura del sistema. El sistema previsional del sector público arrastra un descalce importante desde el año 2015. Entre 2008 y 2010 el déficit promedió fue G. 100.000 millones anuales, luego entre 2011 y 2014 se registraron superávits cercanos a G. 160.000 millones en promedio. Desde 2015, el desequilibrio volvió a instalarse y no logró revertirse, por el contrario, se ha profundizado de manera exponencial, hasta cerrar en 2025 en más de G. 2,5 billones.
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