La diferencia es que actualmente el país se ve aquejado por una crisis económica y sanitaria a causa de la pandemia por coronavirus, por lo que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto para destinar el 20% de los royalties al Ministerio de Salud, lo que fue modificado en el Senado, que frenó esta transferencia y consignó 50% para gastos del capital y la otra mitad para gastos corrientes y/o capital si es que están vinculados a la salud, economía y ayudas sociales para la pandemia.
El sistema de control es el mismo y la preocupación gira en torno a la protección que siempre le fue dada, sobre todo en la Cámara de Diputados, a los intendentes principalmente, denunciados por rendiciones irregulares de los fondos provenientes de las binacionales Itaipú y Yacyretá. La promesa, no obstante, es la mayor rigurosidad en las sanciones o intervención de la administración acusada, según el diputado colorado Derlis Maidana. “Tienen que rendir cuentas de lo que reciben, el que toca y malversa, dejamos claro que inmediatamente tenemos que solicitar la intervención de esos...
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