Sara Ayala @saruayala La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) tiene prevista la presentación de unos proyectos de leyes ante el Congreso Nacional. El cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para no ingresar a la lista negra, es el tema principal, pero la ministra comentó que tienen algunos problemas con las leyes y normativas en vigencia. COOPERACIÓN Y APOYO INTERNACIONAL La discusión por evitar ingresar a la lista de negra del GAFI, incluye a diferentes sectores, primeramente autoridades como senadores, fiscales y actores del sistema financiero. Con esta colaboración buscan mejorar los sistemas de transparencia dentro del sistema, no solo del sistema financiero sino también de todas las partes que formen parte del proceso de ejecución y sanción.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) tiene prevista la presentación de unos proyectos de leyes ante el Congreso Nacional. La ministra María Epifanía González dijo que los senadores y diputados están comprometidos con la lucha contra el lavado de dinero.
“Los legisladores nos manifestaron su apoyo con estas propuestas que queremos presentar antes que termine el año, estamos discutiendo con diferentes organismos, creo que si trabajamos de esta forma podemos estar optimistas de pasar la evaluación”, indicó la ministra.
El cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para no ingresar a la lista negra, es el tema principal, pero la ministra comentó que tienen algunos problemas con las leyes y normativas en vigencia. Por eso surgen estos proyectos para actualizarlos y dar mayor margen para el control del sistema. La próxima semana estarían presentando de forma oficial estos proyectos legislativos.
Una de las propuestas legislativas apunta a la creación de una Secretaría de Inteligencia Financiera, que permitiría prevenir y mitigar el riesgo de utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para la realización de los actos destinados al lavado de activos, según lo estipulado por el presente proyecto. Por otro lado también se destaca un proyecto que sanciona los hechos punibles de orden financiero, esto permitiría reglamentar específicamente diferentes acciones ilegales. Los castigos serían entre 5 años y 10 años como máximo de pena privativa de libertad.
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