A fin de generar reportes de operaciones sospechosas desde sectores que actualmente tienen la única exigencia de estar inscriptos en la institución, se procede a la realización de estudios sectoriales de entidades sin fines de lucro (entre las que se encuentran organizaciones deportivas, partidos políticos y comisiones vecinales), inmobiliarias, remesadoras, agronegocios y activos virtuales como bitcoins. El análisis se aplica también a la materia societaria.
El objetivo es identificar los riesgos de lavado existentes en estas actividades y ajustar las normas de prevención. Esto informó Diego Marcet, director del Área Jurídica de Seprelad, y anunció que los resultados de los estudios sectoriales estarán listos a principios del 2020.
“(Con) esta modificación de la ley 1.015, que afecta específicamente a la Seprelad en su proceso de actualización de todo el marco normativo de los sujetos para implementar el enfoque basado en riesgos, queremos que todos los sujetos obligados apliquen: En los sectores de mayor riesgo, mayor control; en los sectores de menor riesgo, menor control”, explicó.
“Algunas de las resoluciones vigentes en Seprelad lo único que hacían era inscribir (a los sujetos obligados) y no les daba el sistema para reportar, era más bien una cuestión de conocer, que se registren, que se vea una declaración de origen de los fondos, pero no sujetos a reportar con las mismas exigencias que un banco, por ejemplo. Con esto (los estudios sectoriales) vamos a tener un diagnóstico de qué tanto riesgo hay para saber, en la medida de la nueva resolución, qué tanto les va a impactar”, añadió.
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