Mientras que toda la atención se centraba en el escándalo de Nenecho, la Cámara de Senadores aprobó una serie de cambios a la Ley 7.089 que regula los conflictos de intereses dentro de la Función Pública. Esto ha causado una ola de críticas debido a que muchos consideran que se han cercenado aspectos claves de […]
Mientras que toda la atención se centraba en el escándalo de Nenecho, la Cámara de Senadores aprobó una serie de cambios a la Ley 7.089 que regula los conflictos de intereses dentro de la Función Pública. Esto ha causado una ola de críticas debido a que muchos consideran que se han cercenado aspectos claves de la ley.
La normativa original que fue impulsada por el expresidente Horacio Cartes, buscaba prevenir, corregir y sancionar conflictos de intereses en la Función Pública. No obstante, las modificaciones recientes posicionan a esta Ley lejos de su objetivo inicial debido a que 18 artículos fueron modificados y 4 derogados.
En cuanto al punto más polémico, hacemos mención sobre la eliminación de la sanción e inhabilitación para los exfuncionarios que cumplan con la reglamentación. Dicha sanción podría llegar hasta 300 jornales mínimos y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, por un plazo de hasta 5 años. Con la eliminación de los artículos 24, 25 y 26, estas medidas disciplinarias ya no se aplican.
Así también, se modificaron las restricciones para los exfuncionarios y sus parientes lejanos. Anteriormente, estos no podían ocupar puestos en el sector privado relacionados al cargo que habían dejado en la función pública hasta un año después del cese de sus funciones. Con las nuevas modificaciones, este plazo de un año ha sido eliminado.
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