Este mes fue promulgada la Ley 7445/25 De la Función Pública y del Servicio Civil, para reemplazar a la Ley 1626/2000, que nunca rigió plenamente por las acciones de inconstitucionalidad presentadas y por la debilidad de la institución creada para aplicarla. Por lo tanto, debemos evaluar los méritos de la nueva Ley en función a su idoneidad para superar las debilidades que volvieron ineficaz la ley anterior para incorporar la meritocracia en la función pública y generar una evolución razonable del gasto salarial del Estado, ya que ambas cosas redundarán en una mejor calidad del gasto y de los servicios públicos a la ciudadanía al menor costo posible. La nueva ley reconoce la competencia regulatoria a entidades de rango constitucional para salvar las inconstitucionalidades reclamadas a la ley anterior. La vigencia efectiva de la meritocracia seguirá dependiendo de las autoridades de cada entidad autónoma y de la gestión de las carreras especiales, pero los avances más concretos se verán en las áreas bajo competencia del MEF, una institución comprometida con los objetivos de la Ley
Este mes fue promulgada la Ley 7445/25 De la Función Pública y del Servicio Civil, para reemplazar a la Ley 1626/2000, que nunca rigió plenamente por las acciones de inconstitucionalidad presentadas y por la debilidad de la institución creada para aplicarla.
En las últimas dos décadas, el exministro de Hacienda, César Barreto, viene insistiendo en que debido a que la arraigada cultura de clientelismo político en la gestión pública ha generado superpoblación de funcionarios, gran parte de ellos sin aptitudes suficientes para desarrollar las funciones requeridas, lo que resulta en servicios públicos de mala calidad.
Asimismo, la ausencia de reglas claras para fijar o reajustar remuneraciones, así como de un plan de carrera para los funcionarios, tuvieron como resultado inequidad salarial y reajustes salariales generales decididos con criterios electorales en el Congreso, cuyo pico entre el 2012/2013 tuvo un costo de US$ 800 millones anuales que sigue afectando las finanzas públicas, recordó en su artículo para la Fundación Desarrollo en Democracia (DENDE).
Por lo tanto, debemos evaluar los méritos de la nueva Ley en función a su idoneidad para superar las debilidades que volvieron ineficaz la ley anterior para incorporar la meritocracia en la función pública y generar una evolución razonable del gasto salarial del Estado, ya que ambas cosas redundarán en una mejor calidad del gasto y de los servicios públicos a la ciudadanía al menor costo posible.
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