Satanización y violación del derecho a la intimidad

Y es que la información sobre contratados firmados entre particulares y la información tributaria de estos están amparadas por los artículos 33 y 36 de la Constitución Nacional. Varios colegas periodistas y referentes de distintas organizaciones coincidieron en indicarme que era evidente que la flamante Comisión Bicameral de Investigación (CBI), que se conformó en el Parlamento, había filtrado la información en el afán de instalar el relato de que algunos periodistas estábamos “alquilados” por las organizaciones de la sociedad civil (OSC), a las que meten a todas en una misma bolsa, y acusan de todo y pretenden desacreditar. Pretender hablar de transparencia pisoteando otros derechos, y difundiendo información dirigida exclusivamente al equipo de propaganda del oficialismo, desacredita la poca credibilidad con la que podía haber contado la nueva CBI o comisión garrote, como se la bautizó. El maestro periodista Alcibiades González Delvalle, quien también fue incorporado a la lista negra de periodistas por haberse involucrado en cursos de periodismo organizados por el CIRD, respondió “me resbala” a la campaña sucia en curso.

Una frenética mañana de la semana pasada me tenía muy ocupada en obtener temas en una de las áreas que me toca seguir como periodista, que es Relaciones Exteriores, y a la par intentando entender cómo funciona una plataforma que desconocía y en la que debía grabar una clase para un curso. Solo a la siesta pude revisar mis mensajes y me encontré con una gran cantidad de expresiones de solidaridad. No entendía qué había ocurrido, hasta que descubrí el motivo en uno de los numerosos mensajes en que me compartieron el posteo de una señora al servicio del cartismo que, como quien no quiere la...

Me habían solicitado analizar y presentar una exposición en una conferencia sobre el aporte del periodismo de investigación a la democracia, y para asentar luego la ponencia, ampliada y más documentada, en una publicación. Tareas cumplidas con éxito, que me demandaron unos meses, y por las que, como corresponde, me pagaron. Las realicé en mis días y horas libres, y usando parte de mis vacaciones para poder cumplir con el plazo.

Empecé a indagar respecto a por qué estaban compartiendo mis datos personales. Entiéndase: número de teléfono, dirección, email, nombre completo, etc., asentados en el referido contrato privado, que no autoricé que lo hicieran público, porque no corresponde. Y es que la información sobre contratados firmados entre particulares y la información tributaria de estos están amparadas por los artículos 33 y 36 de la Constitución Nacional. Son documentos que deben mantenerse en reserva y solo pueden ser entregados mediando expresa autorización legislativa o judicial. Varios colegas periodistas y...