El salario mínimo vigente en las economías de América Latina y el Caribe está marcado por claras asimetrías. El ranking de Sudamérica revela que Uruguay lidera como el país donde la remuneración básica es la más alta (US$ 471), seguido de Chile (US$ 459) y Ecuador (US$ 425). La nómina sigue con Argentina (US$ 349), Paraguay (US$ 331), Bolivia (US$ 315), Perú (US$ 282), Colombia (US$ 270), Brasil (US$ 263) y Venezuela (US$ 29). Para el caso de Brasil, el salario mínimo está vinculado a una serie de beneficios y ventajas para el trabajador en el aspecto educativo, sanitario, financiero y económico.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al salario básico como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un período determinado. Esta cuantía no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un contrato individual.
Tras la revolución industrial y especialmente en las últimas décadas ganó fuerza la existencia del salario mínimo vital como un derecho social. No obstante, recién en el año 1970 se incorporó como un derecho efectivo de los trabajadores, luego de la firma del convenio sobre la fijación de salarios mínimos por parte de los Estados miembros de la OIT.
Es importante mencionar que el 92% de los países del mundo poseen regímenes de salario mínimo legal, de acuerdo con datos de la OIT. En América Latina y el Caribe, prácticamente el 100% de los países cuenta con el sistema.
Conforme con el organismo, los salarios mínimos pueden ser un elemento integrante para contribuir a la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como disparidades entre hombres y mujeres.
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