La Sala Penal de la Corte, integrada por los ministros Luis M. Benítez Riera, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia, debe definir si libera la licitación de las máquinas de votación o si acepta la medida cautelar impulsada por la firma Bypar SA, que ni siquiera está entre los tres oferentes en pugna.
Por ahora queda en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema resolver la apelación planteada contra la medida cautelar que volvió a suspender la licitación para la compra de 28.000 máquinas de votación por US$ 93 millones. Salvo que algún ministro se inhiba, dicha instancia es integrada por Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia.
Dicha medida cautelar que paralizó el concurso, a menos de un año de las internas municipales, fue solicitada por la empresa paraguaya de software Bypar SA, cuyo representante es Óscar Caballero. Esto pese a que la misma no integra ninguno de los tres consorcios que presentaron ofertas.
La medida cautelar fue aprobada por el Tribunal de Cuentas en lo Contencioso Administrativo 2ª Sala, integrado por Edward Vittone, Celeste Jara (prima de Horacio Cartes) y Stella Maris Zárate (por la recusación de César Diesel Marín, hijo del ministro de la Corte César Diesel).
Datos de las máquinas de votación y sus consorcios.Vittone votó en disidencia al señalar que el abogado de Bypar SA, Eduardo Daniel Agüero, no pudo acreditar qué derecho se le estaba negando a su cliente y lo acusó de pretender con una medida cautelar resolver el fondo de la cuestión.
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