El presidente Santiago Peña promulgó ayer la polémica ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), una iniciativa que, según el Ejecutivo, busca resolver problemas históricos de titulación de tierras, eliminando la superposición de propiedades y reduciendo la burocracia. Sin embargo, esta medida generó un fuerte rechazo de diversos sectores sociales, políticos y gremiales, que […]
Pese a la protesta de diversos sectores, el Gobierno aprobó a tambor batiente el RUN.
El presidente Santiago Peña promulgó ayer la polémica ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), una iniciativa que, según el Ejecutivo, busca resolver problemas históricos de titulación de tierras, eliminando la superposición de propiedades y reduciendo la burocracia. Sin embargo, esta medida generó un fuerte rechazo de diversos sectores sociales, políticos y gremiales, que advierten que su implementación podría consolidar un sistema desigual de distribución de tierras y sepultar definitivamente la Reforma Agraria.
Organizaciones campesinas e indígenas denunciaron que la creación del RUN responde a intereses de grandes terratenientes y sectores económicos vinculados al agronegocio. Aseguran que el proyecto no solo ignora las demandas históricas de estas comunidades, sino que también legaliza tierras malhabidas y beneficia a quienes acumularon grandes extensiones de territorio de manera irregular.
La posible desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), una de las instituciones más importantes en la lucha por la redistribución de tierras, es uno de los aspectos más cuestionados. La absorción del ente agrario por el RUN implicaría el fin de su rol histórico como garante de políticas públicas para el acceso a la tierra de campesinos e indígenas.
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