Después de hacer un “amague” de auditoría, a mediados del mes pasado, sobre los jueces que expedían hábeas corpus preventivos a narcotraficantes, ya habría “garantía de impunidad” para la “inamovible” jueza Cinthia Garcete y para el juez Carlos Vera, ambos muy cuestionados tras la espectacular fuga del narco Lindomar Reges Furtado y su pareja, Gladys Duarte, quienes tenían sendos habeas corpus expedidos por ambos jueces. Así lo aseguran fuentes tribunalicias, que sostienen que el senador Fernando Silva Facetti (JEM) y el abogado Jorge Bogarín (CM) son los principales protectores de la jueza Garcete, quien ya está con el mandato fenecido, pero sigue operando.
El 23 de febrero, la Corte Suprema ordenó auditar los juzgados de primera instancia del Alto Paraná, ante las sospechas de la concesión arbitraria y antojadiza de habeas corpus preventivos, habeas data y amparos, en beneficio de personas vinculadas al narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero, etc. Esto luego del escándalo que involucra al capo narco Lindomar Reges Furtado y su pareja Gladys Duarte, quienes se fugaron de manera espectacular del Paraná Country Club durante un allanamiento fiscal-Senad, descubriéndose posteriormente que ambos tenían habeas corpus preventivos, para no...
El habeas corpus es uno de los institutos más importantes y preciados de una sociedad libre, creado para proteger al ciudadano de los abusos del poder público. Sin embargo, aquí en el Paraguay, frecuentemente, es utilizado para proteger a delincuentes. El artículo 133 de la Constitución Nacional dispone que esta garantía podrá ser interpuesta por “toda persona, en trance inminente de ser privada ilegalmente de su libertad física”, por la que se “podrá recabar el examen de la legitimidad de las circunstancias que, a criterio del afectado, amenacen su libertad, así como una orden de cesación...
El habeas corpus es un remedio indudable para acosos policiales y otras formas de abuso del poder público, pero para serlo debe producir una orden de cesación de actividades remitida a la Comandancia de la Policía, cosa que hasta el momento no se ha dado a conocer, ni en el caso de Lindomar ni en el de su pareja.
Ante las presiones de la opinión pública, la Corte Suprema, a través del Consejo de Superintendencia, emitió una resolución exigiendo todas las documentaciones mencionadas, que efectivamente ya fueron enviadas a la máxima instancia judicial, según indicaron fuentes cercanas a la Corte. Sin embargo, no se conoció de una sanción o amonestación a los magistrados involucrados en el escándalo, por el contrario, todo indica que el caso terminará en el famoso “oparei”, señalaron las fuentes.
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