Las organizaciones de la sociedad civil resisten frente a las amenazas de la ley antioenegés en Paraguay. Amnistía Internacional revela un patrón restrictivo y advierte sobre sus impactos en la democracia.
Amnistía Internacional presenta hoy su informe “Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas”. El documento ofrece un análisis comparado de normativas aprobadas en Nicaragua, Venezuela, Paraguay, Perú, El Salvador y Ecuador, donde se identifican patrones que evidencian una estrategia regional orientada a restringir, controlar o neutralizar a la sociedad civil organizada. Entre los elementos detectados figuran la aplicación de estas normativas sin procesos de diálogo, la imposición de requisitos exorbitantes, regímenes...
Sobre los hallazgos, brinda más detalles Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas.
–¿Cuál es la situación actual de las organizaciones sin fines de lucro en la región?
–Es una situación muy compleja. Ya desde antes de estas legislaciones restrictivas estábamos viendo un contexto de lo que hemos llamado un cierre del espacio cívico, que cada vez más los gobiernos están tomando diferentes formas de actuar que hacen que las organizaciones no puedan realmente ejercer su labor o que sean atacadas por el hecho de criticar lo que hacen los gobiernos. Estas leyes antioenegés empezaron a proliferar en la región entre 2024 y 2025 y todas ellas con la excusa de regular su financiamiento, de la transparencia, de la necesidad de reportes, pero en realidad establecen...
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