Veinte organizaciones sociales, gremiales y políticas de nuestro país, en una carta abierta, exigen al Gobierno de Santiago Peña la anulación del acuerdo que firmó con el gobierno de Lula Inácio da Silva del Brasil sobre itaipú, y el reinicio de las negociaciones con tres objetivos.
El documento, al que veinte organizaciones repudiaron el sábado último porque lo consideran “fraudulento”, fue firmado por el martes 16 de abril último y dado a conocer el jueves 9 de mayo pasado, pese a que en Brasil lo divulgaron oficialmente el martes 7 de mayo.
El documento, que sus negociadores titularon como “Entendimiento entre el Paraguay y el Brasil sobre directivas relacionadas con la energía de Itaipú Binacional”, incorpora siete puntos, en la parte que podría definirse como “resolutiva” o tal vez ejecutiva.
No obstante, en sus dos últimos párrafos se leen otros “mandatos” a los que separaron de los siete resolutivos, tal vez con la decisión porque se trataba de rellenos el documento o darles menor fuerza o por sencillamente porque son las habituales “letras chicas” en documentos de este tipo.
En el penúltimo párrafo del Acuerdo se lee: “Los dos gobiernos acuerdan que las directrices anteriores deberán guiar las medidas oficiales posteriores de ambos países relativas a la Itaipú Binacional”. O sea, estas directrices constituyen los moldes que los “dos gobienos” deberán rellenar con las “medidas oficiales posteriores” que aún no acordaron os negociadores.
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