Pilar Callizo advierte que la reforma del transporte puede precarizar el empleo y restringir derechos laborales en Paraguay.
El proyecto de reforma del transporte público impulsado por el Ejecutivo obtuvo media sanción en el Senado y ahora pasó a la Cámara de Diputados. La propuesta generó críticas tanto de empresarios como de trabajadores, quienes coinciden en señalar la falta de claridad en varios aspectos.
Andrés Mallada, vocero de la Unión Central de Empresarios de Transporte Público del Área Metropolitana (Ucetrama), calificó la iniciativa como una “ley de laguna”. Explicó que el Viceministerio de Transporte tendría amplias facultades de control, sanción y regulación, mientras que el Ministerio de Obras Públicas pasaría a dirigir todo el sistema en el Área Metropolitana, por encima de las autonomías municipales.
Según Mallada, el proyecto concentra atribuciones pero sin asegurar la ejecución. Señaló además que la indefinición también alcanza al terreno laboral.
En la misma línea, Gerardo Gómez, presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), sostuvo que el texto plantea un cambio profundo en la prestación del servicio sin precisar los vínculos laborales. “¿A quién se podría reclamar el cumplimiento de las normativas laborales?”, cuestionó. Adelantó que los socios se reunirán el martes 16 para analizar posibles medidas.
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