La Cámara de Diputados, por amplia mayoría, fue rechazado el proyecto de ley “Que modifica y amplia el Art. 1° de la Ley N° 4711/2012, Que sanciona el desacato de una orden judicial”.
El proyecto se fundamenta en el incumplimiento de los pedidos de informe, que a decir de los senadores proyectistas, principalmente, es debido a la falta de una sanción penal a una de las atribuciones que la Constitución Nacional otorga al Poder Legislativo, mediante los artículos 192 y 186, última parte.
El presidente de la Comisión de Legislación y Codificación, Jorge A. Mariño, pidió al pleno rechazar del presente proyecto de ley, en el entendimiento de la no conveniencia de judicializar ni penalizar, con pena privativa de libertad, la falta de respuestas a un pedido de informes, requerido por cualquiera de las cámaras del Congreso.
“Analizando el texto constitucional encontramos otras herramientas de control, inclusive, con mayor peso como el caso de la Citación e Interpelación (Art. 194 de la CN) y el Juicio Político (Art. 225 de la CN), que traen aparejadas sanciones administrativas y no, precisamente, sanciones penales”, esgrimió.
“El que incumpliere un pedido de informe remitido por la Honorable Cámara de Senadores o la Honorable Cámara de Diputados, en virtud del Art. 192, de la Constitución Nacional, o los pedidos de informes remitidos por las comisiones de ambas cámaras, en virtud del Art. 186, última parte de la Constitución Nacional, será castigado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años o multa”, expresa parte del documento.
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