El posible juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, comienza a generar posiciones encontradas en el Congreso Nacional. Mientras sectores de la oposición impulsan su d…
El posible juicio político al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, comienza a generar posiciones encontradas en el Congreso Nacional. Mientras sectores de la oposición impulsan su destitución por presunto mal desempeño de funciones y cuestionan su actuación en las investigaciones relacionadas con el caso Ueno Bank y el expresidente Santiago Peña, referentes del oficialismo mantienen cautela y señalan que cualquier decisión deberá sustentarse en pruebas y documentos.
Una de las voces más contundentes es la diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, quien acusó a Rolón de proteger el esquema investigado y sostuvo que debe dejar el cargo. La legisladora cuestionó la supuesta lentitud del Ministerio Público para realizar allanamientos y asegurar evidencias. En la misma línea, la diputada liberal Dalia Estigarribia criticó duramente la gestión del fiscal general, mientras que su colega Federico “Fredy” Franco pidió no dilatar el proceso y afirmó que las investigaciones debieron avanzar con mayor firmeza desde el inicio.
Desde el oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, evitó adelantar una postura y sostuvo que el planteamiento será analizado cuando se presenten formalmente los documentos y argumentos. En el Senado, el titular de la Cámara Alta, Basilio “Bachi” Núñez, manifestó que no acompañaría un juicio político sin pruebas consistentes y recordó que corresponde a Diputados impulsar inicialmente el proceso.
Por su parte, el senador oficialista Natalicio Chase destacó que Rolón impulsó actuaciones que derivaron en la detención del expresidente Peña y señaló que la bancada todavía no había evaluado formalmente su desempeño. De esta manera, el eventual juicio político abre un nuevo frente de tensión entre oficialismo y oposición. Mientras los impulsores trabajan en reunir respaldo y avanzar con el libelo acusatorio, la definición dependerá de los votos en Diputados y de que las denuncias políticas puedan sostenerse con elementos concretos.
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