La situación financiera golpea a todos los sectores industriales y comerciales, un punto de crispación se generó en torno a los elevados salarios que cobran algunos funcionarios de instituciones públicas o binacionales. Por eso, ante múltiples reclamos ciudadanos, el Ejecutivo redujo salarios de funcionarios y los reasignó a fondos de salud, en vista a la compra de insumos o productos para el combate al COVID-19.
Recientemente el Gobierno anunció que, en el marco de la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria, tomaba la decisión de poner un tope salarial de G. 37 millones para los funcionarios de entidades binacionales, y confirmó la reducción del 10% al 20% en los salarios de funcionarios públicos que cobren entre cinco y 10 salarios mínimos por mes.
La adopción de estas medidas ayudará al estado a reasignar unos US$ 52 millones, en estos tres meses de contingencia, explicó el ministro de Hacienda, Benigno López.
La alegría de la mayoría es evidente ante esta medida, pero la pregunta es: ¿es legal?
El abogado laboralista Eduardo Pérez Avid manifestó que el principio administrativo se rige bajo el fundamento de la regularidad de los actos, que significa que cada medida u acto debe estar facultado por ley. En este caso, la reciente aprobación de la Ley de Emergencia Sanitaria es la base, “por tanto, es una decisión correcta”, opinó.
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