Los organismos estatales competentes deben tomar nota de que la ciudadanía está cada vez más harta de la impunidad de los facinerosos que ejercen o ejercieron una función pública. Se halla en marcha una rebelión cívica contra quienes han venido saqueando el país al amparo del poder político y que, como esperamos, habrá de continuar mientras los peces gordos de la corrupción no sean sancionados de acuerdo a la ley. Ella podría extenderse a quienes desde el Ministerio Público y el Poder Judicial se convierten, de hecho, en encubridores de los sinvergüenzas. Es hora, pues, de que los fiscales y jueces que se crean honestos cumplan con su deber de perseguir y juzgar a quienes se apropian del dinero público o privan al erario de sus legítimos ingresos. Resulta indignante que se cajoneen investigaciones o se toleren chicanas reiteradas que dilatan los procesos penales de altos funcionarios y políticos. Pero los ciudadanos y las ciudadanas están demostrando que ya no toleran ni van a tolerar esta indignante situación. Quienes delinquen deben ir a la cárcel, y quienes han robado o causado otro tipo de perjuicio al Estado deben reparar el daño con sus bienes.
Los organismos estatales competentes deben tomar nota de que la ciudadanía está cada vez más harta de la impunidad de los facinerosos que ejercen o ejercieron una función pública. Se halla en marcha una rebelión cívica contra quienes han venido saqueando el país al amparo del poder político y que, como esperamos, habrá de continuar mientras los peces gordos de la corrupción no sean sancionados de acuerdo a la ley. Ella podría extenderse a quienes desde el Ministerio Público y el Poder Judicial se convierten, de hecho, en encubridores de los sinvergüenzas. Es hora, pues, de que los fiscales...
Resulta indignante que se cajoneen investigaciones o se toleren chicanas reiteradas que dilatan los procesos penales. Todos los altos funcionarios y políticos están muy seguros de su impunidad porque saben cómo poner palos en la rueda de la Justicia. Así, resulta escandaloso que los diez legisladores hoy encausados entorpezcan las actuaciones fiscales y judiciales para demorar a toda costa un fallo definitivo que, con alta probabilidad, será condenatorio. El caso más evidente de genuflexión del Poder Judicial ante los mismos es el del senador Víctor Bogado (ANR), imputado el 23 de octubre...
Por eso, es plausible que en medio de esta ineficiencia y sometimiento del aparato judicial ante los poderosos, la Fiscalía se esté movilizando para investigar un contundente informe de la Seprelad emitido dos meses antes sobre las descomunales fechorías del exsenador Óscar González Daher. Es de esperar que la relativa celeridad no sea atribuible al cambio de Gobierno, sino al genuino deseo de cumplir con la Constitución y las leyes persiguiendo a quienes las infringen. Se estima que las operaciones sospechosas del clan González Daher se elevan a la monstruosa suma de más de 8 billones de...
Por cierto, la pesquisa iniciada no debería limitarse a los supuestos autores de los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión fiscal, sino alcanzar también a los cómplices y encubridores instalados en la administración tributaria.
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