La recuperación se dio gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Calificado como “histórico” por autoridades de la entidad, es un caso de larga data, que inició en 1984. Se trata de una propiedad que el Indert, en aquel entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), había adjudicado a favor de la comunidad indígena.
En el 2021, la propiedad ubicada en la localidad de Infante Rivarola fue disputada por el ciudadano Miguel Ángel Genaro Muñoz, que solicitó en la ocasión 8.000 hectáreas de esa propiedad, con el argumento de que se encontraba ocupando el local.
El Indert, tras percatarse que se trataba de su propiedad, desestimó la solicitud de compra, lo que provocó una acción en lo contencioso administrativo contra la institución.
La primera acción se perdió “debido a la incapacidad del funcionario que llevó la causa, y como en muchos otros casos, en que los que llamativamente pierde el Estado”, según detalla el Indert, que menciona que esto fue subsanado luego con la intervención de la doctora Sonia Giménez.
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