El abogado Theodore Stimson señaló que el Estado es titular del dominio público natural del parque “Médanos del Chaco” y de los yacimientos, incluso en la zona que fue concesionada a la firma Primo Cano Martínez SA. Señala que dicha empresa debe acatar esta situación de derecho constitucional, sin reclamar indemnizaciones. Alegó que la intención del diputado Edwin Reimer, al pretender reactivar la prospección de hidrocarburos en la reserva es inconstitucional.
El Estado, como titular del dominio público natural del parque “Médanos del Chaco” y de los yacimientos comprendidos en el área de la ley de concesión del año 1983, a la empresa Primo Cano Martínez, puede establecer nuevas restricciones y limitaciones sobre la prospección en la reserva, según señaló el abogado Theodore Stimson, experto en derecho administrativo.
El profesional indicó que esto está fundado en el interés público de proteger el medio ambiente y las prerrogativas del Estado, que están consagradas por la Constitución, lo que debe acatar el concesionario, que a su criterio ni siquiera tiene el derecho a indemnización alguna.
“El Estado, como titular del dominio mineral en el subsuelo y el dominio natural de la preservación del medio ambiente y el hábitat, define y limita los derechos particulares. El interés general prevalece sobre el interés particular, como estableció la Corte Suprema de Justicia en la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la concesionaria contra la ley 5723 (que declaró desde el 2016 área protegida el médanos del Chaco)”, expresó.
Ante esta situación, señaló que el proyecto de ley presentado por el diputado colorado cartista Edwin Reimer, que pretende cambiar los artículos 4 y 6 de la Ley N° 5.723, con el fin de restituir las actividades de búsqueda y explotación de hidrocarburos dentro de la reserva, que afecta principalmente a la firma Primo Cano, es inconstitucional. Este plan normativo ya tiene media sanción en la Cámara Baja y está a consideración del Senado.
Leer la nota completa en Diario ABC
