El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, explicó que lo que presuntamente hacían las proveedoras del Estado involucradas es utilizar las facturas falsas detectadas para completar su contabilidad. La investigación, desarrollada en conjunto con el Ministerio Público, involucra a más de 20 proveedores falsos y 470 empresas y contribuyentes que utilizaron los documentos.
“Esta investigación inició hace ocho meses. Comenzó cuando una persona adulta mayor denunció que quería cobrar su pensión pero en nuestros registros aparecía que sí estaba facturando mensualmente. Esto después se complementó con otras informaciones que ya estábamos teniendo y vimos que el esquema era bastante grande. Investigamos las ramificaciones. Se pidió documentación, domicilios y encontramos que había personas que se dedicaban a la venta de facturas falsas. Se detectaron a 22 personas, de las cuales la mitad no estaba inscripta y la otra mitad eran facturas. Con esto, incluso...
Orué considera que quienes cometieron este fraude se aprovecharon de las medidas menos restrictivas para inscribir a contribuyentes establecidas por la pandemia del coronavirus, citando como ejemplos la eliminación del registro biométrico y la suspensión de la presencialidad, lo cual “permitió vulnerar nuestro sistema e inscribir a gente que no debía inscribirse y encima no lo sabían”.
De acuerdo con lo investigado, el viceministro señaló que lo que presuntamente hacían las firmas es utilizar las facturas de las “empresas o personas fantasmas” para completar su contabilidad. “Todas las empresas están vinculadas. Crearon Registros Únicos de Contribuyentes (RUC) ficticios y los vendían a empresas, que en total son 470”, dijo. Las facturas falsas utilizadas habrían alcanzado en total 3.700.
En ese sentido, señaló que las proveedoras utilizaban facturas falsas de empresas “fantasmas” para completar su contabilidad, según los datos recabados.
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