Un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados presentó un proyecto de ley “Que reglamenta el Art. 104 de la Constitución Nacional ‘De la declaración jurada de bienes y rentas’, y deroga la Ley Nº 5033/13, y su modificatoria la Ley Nº 6355/19”, con la intención de llenar vacíos legales, en algunos casos, y en otros, por colisionar con disposiciones constitucionales, según la exposición de motivos.
Recordemos que la obligación de prestar declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios públicos, dentro de los 15 días de haber tomado posesión del cargo, y en igual término al cesar el mismo, deviene del Art. 104 de la Constitución Nacional.
Fue establecida con la finalidad principal de ejercer un control del patrimonio de los funcionarios públicos o sujetos obligados, a efectos da prevenir y sancionar los delitos de corrupción pública, el enriquecimiento ilícito y para conseguir la transparencia en los actos del Estado.
La iniciativa, que consta de 30 artículos y VIII capítulos (varios artículos mantienen la misma redacción), en cuanto a los “Sujetos Obligados”, propone mantener el límite establecido por la Constitución Nacional, expresamente, designados en su artículo 104.
Es decir que la declaración jurada de bienes y rentas afecte solo a los funcionarios y empleados públicos, incluyendo a los de elección popular, a los de entidades estatales, binacionales, autárquicas, descentralizadas y, en general, a quienes perciban remuneraciones permanentes del Estado.
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