Una organización de sociedad civil propone, entre otras cosas, que las declaraciones juradas de funcionarios públicos y proveedores del Estado vinculados a compras y utilización de dinero durante el período de emergencia se hagan públicas. Desde la Contraloría General sostienen que no las pueden publicar.
En una carta abierta a las autoridades nacionales, Ezequiel Santagada y Alberto Vellacich, directivos del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (Idea) señalaron la necesidad de establecer fuertes medidas de control y transparencia sobre la utilización del préstamo que el Estado paraguayo adquirirá para afrontar la emergencia como consecuencia de la pandemia de COVID-19.
“Estamos viviendo una crisis que no tiene antecedentes. Crisis que ha servido de fundamento para aprobar una ley de emergencia que autoriza un endeudamiento enorme que tendrá que pagar el pueblo paraguayo”, comienza diciendo la carta.
La misiva señala que durante el debate legislativo, tanto senadores como diputados (incluidos los del partido oficialista) mencionaron que se estaba otorgando un “cheque en blanco” y que debíamos tener “confianza” en que el dinero que se ejecutaría durante la declaración de emergencia sería administrado con “prudencia” y “honestidad” y que los organismos estatales encargados de controlar cumplirían cabalmente su función.
“Lastimosamente, la historia nos demuestra que la mayoría de nuestros gobernantes nunca fueron del todo honestos ni del todo eficientes a la hora de administrar el dinero del pueblo. Esto se ve corroborado por la enorme inequidad social existente y los datos de organismos internacionales que sitúan al Paraguay entre los países con los peores índices de percepción de la corrupción. La ciudadanía tiene sobrados motivos para no confiar”, agrega.
Leer la nota completa en Diario ABC
