El Procurador General de la República, Rodolfo Andrés Barrios Duba, sigue analizando las actuaciones de la ex jueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún, al igual que la de camaristas y otros funcionarios en el escándalo de la cesión a empresas de maletín de 310 mil hectáreas de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza, norma que sanciona cualquier actuación en contravención a la ley.
El Procurador General de la República, Rodolfo Andrés Barrios Duba, sigue analizando las actuaciones de la ex jueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún, al igual que la de camaristas y otros funcionarios en el escándalo de la cesión a empresas de maletín de 310 mil hectáreas de tierras protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza, norma que sanciona cualquier actuación en contravención a la ley. El abogado Osvaldo Bittar relató el proceso en que la Asociación Espíritu Santo denunció la sentencia en primera instancia de la ex jueza en lo Civil y Comercial Tania Carolina Irún en favor de...
El hecho fue advertido primero al Ministerio de Defensa Nacional, y esta cartera luego corrió traslado a la Procuraduría General de la República para la aplicación de sanciones como indica la ley.
“La norma dice que los magistrados, escribanos, funcionarios que violen la Ley de Seguridad Fronteriza son pasibles de una multa de hasta el 10% del valor de la operación. Es decir, hay que tener en cuenta el valor de la supuesta transferencia ordenada por la señora Tania Irún”, indicó el abogado. Seguidamente el doctor Bittar explicó que es la Procuraduría, que tiene al frente a Rodolfo Andrés Barrios Duba, quien debe de actuar para la aplicación de sanciones administrativas.
“Esta persecución de indemnización o multa estipulada en la Ley de Seguridad Fronteriza la deba aplicar como abogado y representante del Estado la Procuraduría General de la República. Entonces, el Ministerio de Defensa remite a la Procuraduría el expediente, y esta se está abocando en recopilar todas las informaciones legales”, remarcó el entrevistado por la 780 AM.
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