El senador colorado Víctor Bogado fue acusado por la fiscalía por estafa (autor) y cobro indebido de honorarios (cómplice). En el caso, tanto el legislador como la “niñera de oro” y otro implicado se turnaron para alargar el proceso mediante recursos dilatorios que nunca fueron sancionados. Luego de más de cuatro años de la acusación y casi cinco de la imputación, la justicia aún no definió si los involucrados afrontarán o no juicio oral. El expediente está trabado en la Corte desde hace dos años.
El 24 octubre de 2013, los fiscales René Fernández, Liliana Alcaraz, Claudia Criscioni (ahora jueza) y José dos Santos (renunció al cargo) imputaron a Gabriela Quintana y Víctor Bogado. La primera como autora de cobro indebido de honorarios y coautora de estafa. Al legislador le atribuyeron estafa (autor) y cobro indebido de honorarios (cómplice).
El 24 de abril 2014, los fiscales acusaron a Quintana y el 4 de julio a Bogado.
Los incidentes dilatorios ya comenzaron poco después de la imputación. (Ver facsímil). Sin embargo, pese a las chicanas promovidas ni los imputados ni sus defensores fueron sancionados por los jueces e incluso hasta ahora son favorecidos por la Corte, en donde está el expediente hace casi dos años y con eso se evita la realización de la audiencia preliminar, en la que se tiene que resolver si los acusados afrontan o no juicio oral.
Los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Sindulfo Blanco, quienes integran la Sala Constitucional, ya no tienen excusas para seguir dilatando la resolución en la acción que promovió el senador colorado Víctor Bogado, el 30 de setiembre de 2016. Los integrantes de la Corte ya cuentan con los dictámenes del fiscal René Fernández y de la Fiscalía General, en los cuales se aconseja el rechazo de la inconstitucionalidad.
Leer la nota completa en Diario ABC
