¿Procesados legislando en causa propia? - Editorial - ABC Color

El diputado Ulises Quintana (ANR) y el concejal luqueño Rubén González Chaves (ANR) sufrieron prisión preventiva porque, entre otras cosas, había “elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un hecho punible grave”, al decir del art. 242 del Código Procesal Penal. En otras palabras, había fuertes indicios de que ambos estaban implicados en graves hechos por los que se les investiga. Quintana obtuvo libertad ambulatoria y ejerce como diputado, mientras González Chaves está con prisión domiciliaria pero con permiso de asistir dos veces por semana a ejercer su cargo de concejal luqueño. ¿Con qué autoridad moral sancionaría hoy Quintana un proyecto de ley que elimine la prisión preventiva para presuntos autores o cómplices de uno de los hechos punibles por los que está imputado? Tampoco González Chaves tiene “altura moral” para, entre otras cosas, sancionar –precisamente– la ordenanza tributaria anual, materia, sin duda, muy relacionada a los delitos que se le imputan. Valgan estos ejemplos para ilustrar hasta qué punto resulta absurdo que un procesado participe en un procedimiento legislativo en el que bien podría actuar en causa propia. ...[Leer más]