Santiago Carbone Montevideo, 12 ene (EFE).- La importancia de cuidar a las empresas públicas y el derecho de los usuarios a preservar su identidad digital son polos enfrentados en el largo debate generado en Uruguay por la portabilidad numérica, que entra en vigor este miércoles, pero bajo la amenaza de su posible derogación dentro de unos meses.
Discutida años atrás en el Parlamento y votada dentro de la Ley de Urgente Consideración (LUC), buque insignia del Gobierno de Luis Lacalle Pou (centroderecha) para 2020-2025, permitirá que un cliente pueda mantener su número de teléfono aunque cambie de operador, lo que deja a Uruguay en uno de los últimos países de la región en ofrecerla.
No obstante, un referéndum que se celebrará el 27 de marzo intentará derogar 135 de los 476 artículos de la LUC, entre los que se encuentran los referidos a la portabilidad numérica, precisamente los últimos (471 a 476).
Según la Unidad Reguladora de Servicio de Comunicaciones, en Uruguay el mercado móvil es liderado por la empresa estatal Antel, con unas 2,1 millones de líneas, seguido de la española Movistar, con cerca de 1,4 millones, y la mexicano-brasileña Claro, con aproximadamente 963.000.
La uruguaya también opera otros rubros como la telefonía fija e internet del país suramericano, este último en exclusividad. El ejercicio anual de 2020 indicó que la compañía obtuvo una ganancia neta cercana a los 179 millones de dólares.
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